Aspectos Jurídicos De Las Nuevas Tecnologías.

Los delitos informáticos se hallan tipificados en nuestro Código Penal. En el Título X relativo a los delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, se hayan recogidas muchas de las posibles conductas susceptibles de ser un delito cometido en las redes sociales.

En el artículo 197 del Código Penal encontramos regulada la apropiación de datos de carácter personal. Dicho delito tendrá una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses. Así mismo, se prevé la posibilidad de que se hubiesen vulnerado medidas de seguridad establecidas para impedirlo.

Siguiendo en el mismo artículo, se prevé la pena para la situación en la que se descubran secretos o se vulneren intimidades. Se estaría actuando contra la situación de revelación de secretos e incluso contra el atentado al derecho a la propia imagen.

Para conocer los delitos que se pueden cometer, concretamente contra la imagen y reputación de una persona, acudimos a los artículos 205 al 207 para el delito de calumnia y del 208 al 210 para la injuria.

La calumnia hace referencia a la imputación de un delito realizada con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio a la veracidad. Sin embargo, la injuria se refiere a la acción o expresión que lesiona la dignidad de otra persona. Ambos delitos afectan a la reputación de una persona y son entendidos como atentados contra la imagen y fama de esta.

Por otro lado en el Título XIII, concretamente en el Capítulo IX del Código Penal, se habla de los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores.

Así en el artículo 270 se tipifica la conducta que atenta contra la propiedad intelectual. Se castiga con pena de 6 meses a dos años y multa de 12 a 24 meses a quien con ánimo de lucro reproduzca o redistribuya una obra ajena sin autorización de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual.

El artículo 273 por su parte tipifica la conducta que atenta contra la propiedad industrial, castigando con la misma pena que el delito contra la propiedad intelectual, a quien con fines industriales o comerciales fabrique, importe o posea una patente o modelo sin el consentimiento de su titular.

El artículo 274 también contempla la conducta de quien, con fines industriales, reproduzca, imite o modifique cualquier signo distintivo. La pena en este caso es la misma que las anteriores.

Por último, en el artículo 278, se prevé explícitamente la conducta en la que cualquier individuo se apropie de datos, documentos escritos o electrónicos, etc. para descubrir un secreto de empresa. En este sentido, se tiene en cuenta que la situación se de en un contexto de consumidores y usuarios.

En el ámbito de las redes sociales, los menores siguen siendo un colectivo vulnerable el cual ha de ser especialmente protegido de las posibles agresiones.

 

Colectivo vulnerable

En la Ley Orgánica 1/1982 de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, se regula que los menores han de prestar, de forma expresa, su consentimiento para que sus datos de carácter personal sean tratados.

Se prevé que el menor mismo sea quien preste el consentimiento, si sus condiciones de madurez lo permiten, de acuerdo con la legislación civil.

Respecto a lo expuesto por la ley mencionada anteriormente, hemos de resaltar dos principios:

  • La protección del honor de la intimidad y de la propia imagen quedará delimitada por las leyes y por los usos sociales.
  • Además se hace especial referencia a los menores, ya que si el menor no dispusiese de la capacidad suficiente para consentir, la norma dispone que el consentimiento habrá de otorgarlo por escrito uno de sus representantes legales.

Cuando se atentase contra el derecho del artículo 18, en el caso de un menor, porque se haya dado difusión a información o imágenes o nombres de menores, se necesitará la intervención del Ministerio Fiscal.

Se pueden crear riesgos específicamente para situaciones en las que el menor acceda a contenidos de carácter inapropiado. Así mismo, los menores podrán verse agredidos de algún modo a través de la red por terceros malintencionados.

La aparición de estos riesgos viene dada porque los responsables de webs 2.0 o redes sociales no tenga el control o la capacidad para garantizar la identidad de los usuarios. La protección más efectiva de los usuarios de la red pasa por crear herramientas efectivas para controlar tanto contenidos como la identidad de los usuarios.

Una de las principales obligaciones de los padres y tutores es evitar que los menores puedan verse agredidos a través de la red. El buen uso de las herramientas informáticas por parte de colectivos vulnerables es una de las prioridades que ha de tener nuestro legislador.